En muchas ocasiones, tanto los empleados (a título individual), como las plantillas laborales (a nivel ya colectivo), se ven sometidos a medidas colectivas (ERES, ERTES), o incluso despidos, en condiciones económicas muy desfavorables, bajo aparentes «causas objetivas»,  englobadas en las categorías «económicas, productivas, organizativas» o parecidas.

No siempre, el empleado, o el colectivo de empleados, perjudicados por estas medidas, cuentan con un conocimiento profundo de lo que realmente ha sucedido en sus empresas. Por tanto, no pueden argumentar, o contra-argumentar, de forma adecuada y contundente, si realmente se daban (o no) esas causas «objetivas», de carácter económico, producto u organizativo, que les ha llevado a un despido injusto, o a una pérdida económica.

Incluso, a veces se podrían haber dado esas causas «objetivas» en la empresa, pero nadie «cae en la cuenta» en que el daño ha venido provocado directamente por malas (o incluso ilegales) decisiones adoptadas desde la Dirección de la Compañía o su Consejo de Administración:  elementos tan graves como son un alzamiento de bienes empresarial, una gestión irresponsable (por parte de los Administradores de la Sociedad), y en general, una serie de comportamientos (empresariales), que son los que realmente han producido la situación desastrosa de la Sociedad.

Es, en todos estos casos, cuando se aconseja realizar un contra-peritaje fundamentado, que «eche por tierra», y de forma objetiva, los argumentos que injustamente (o erróneamente) ha elaborado la empresa, permitiendo de este modo, que el empleado pueda defenderse proporcionalmente de tal situación, y revertir las medidas laborales adoptadas por la Compañía.